Comienza el juicio a Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero en la causa unificada de Hotesur y Los Sauces

El juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, comienza este viernes 23 de octubre en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. El proceso unifica las causas Hotesur y Los Sauces, dos investigaciones que buscan determinar si empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia fueron utilizadas para blanquear dinero de presunto origen ilícito. La primera audiencia está prevista para las 10 y ambos acusados fueron autorizados a participar de manera virtual en esa jornada.

La acusación sostiene que empresarios beneficiados con contratos de obra pública habrían transferido fondos a sociedades vinculadas con la familia Kirchner mediante alquileres de inmuebles, habitaciones de hotel y otros servicios. Entre los principales empresarios investigados figuran Lázaro Báez y Cristóbal López, junto con Fabián De Sousa. Según la hipótesis fiscal, esas operaciones habrían permitido presentar como ingresos comerciales legítimos recursos cuyo origen se considera sospechoso. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas durante el juicio.

Hotesur: los hoteles bajo investigación

Hotesur es la sociedad vinculada con la familia Kirchner que tenía entre sus activos establecimientos turísticos como el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, en Santa Cruz. Los investigadores pusieron el foco en la administración de esos establecimientos por parte de Valle Mitre, una empresa vinculada a Báez, y en los pagos que habrían realizado compañías de su grupo empresario.

La fiscalía cuestiona que algunas firmas vinculadas con la obra pública contrataran servicios hoteleros y turísticos en condiciones que considera inusuales. También analiza la circulación del dinero entre las empresas, la administradora de los hoteles y las sociedades de la familia. Para los acusadores, esa secuencia habría contribuido a ocultar el origen de los fondos y a darles apariencia de legalidad.

Los Sauces: alquileres y propiedades

La segunda investigación gira en torno a Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar constituida en 2006. El expediente analiza los alquileres de propiedades a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, vinculado a López y De Sousa.

Entre las operaciones examinadas figuran contratos por inmuebles en distintas localidades, incluido un departamento en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. La acusación sostiene que parte de esos contratos no habría respondido a una actividad inmobiliaria normal, sino que habría servido para canalizar fondos hacia la familia Kirchner. La defensa de los acusados tendrá oportunidad de cuestionar las pruebas y los argumentos de la fiscalía durante el proceso.

¿Qué se les atribuye a Cristina y Máximo Kirchner?

Cristina Kirchner está acusada, entre otros cargos, de presunta asociación ilícita y lavado de activos. La fiscalía le atribuye participación en las sociedades familiares y en operaciones patrimoniales y comerciales que considera parte del mecanismo investigado.

En el caso de Máximo Kirchner, los acusadores señalan su intervención en la administración de las empresas, la firma de contratos, la gestión de propiedades y distintos movimientos de fondos. El juicio será su primera comparecencia en un debate oral como acusado en estas causas. Ambos niegan las imputaciones y la responsabilidad penal deberá establecerse judicialmente.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 estará a cargo del debate, que reunirá a 19 imputados. La unificación de Hotesur y Los Sauces fue ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que las investigaciones tenían conexiones que justificaban analizarlas conjuntamente. La decisión modificó el esquema anterior, que contemplaba juicios separados.

El inicio del proceso abre una nueva etapa judicial para la expresidenta y coloca por primera vez a Máximo Kirchner ante un tribunal oral en estas investigaciones. El objetivo será determinar si las operaciones comerciales cuestionadas constituyeron negocios legítimos o si, como sostiene la acusación, formaron parte de un circuito de lavado de dinero. La apertura del juicio no implica una condena: la responsabilidad de cada acusado deberá resolverse a partir de las pruebas y los argumentos presentados ante el tribunal.